La tasa de cesáreas innecesarias en Puerto Rico ha continuado en aumento

En un país afectado por la baja en natalidad, promover la  maternidad saludable y segura debe ser una de las mayores prioridades de salud pública. 

Así lo reitera el Informe Anual de Estadísticas Vitales del Departamento de Salud, que establece que para el año 2021 el 49.6% de los nacimientos fueron por cesárea; para el año 2022 la cifra subió al 50.4% y alcanzó el 50.6% en el año 2023. 

En enero del año 2024 ya se había publicado un Informe de los CDC (Center for Disease Control and Prevention) donde también se detalla que las más afectadas son las mujeres menores de 20 años, con un 42.3% de nacimientos por cesáreas registrados en el año 2022.

Como referencia, hay que señalar que el año 1988 el total de cesáreas era de un 29.8 %, y que para el año 2000, se propuso que la tase se redujera a un 15%, como ha sugerido la Organización Mundial de la Salud. En lugar de progresar, cada vez nos alejamos más de ese objetivo.

Las cesáreas son procedimientos que pueden salvar la vida de la madre y de su criatura. El caso es que, en Puerto Rico, como lo ha aceptado el Departamento de Salud, más de la mitad de las cesáreas se realizan sin que exista justificación clínica.  

Las senadoras Ada Álvarez Conde y María de Lourdes Santiago Negrón

Desde el año 2008, la delegación legislativa del PIP ha estado sometiendo una propuesta, no para fijar estándares de práctica de la obstetricia, lo cual estará fuera de nuestras facultades, sino para reconocer el derecho de las embarazadas a conocer la tasa de cesáreas de su obstetra.

Cada cuatrienio, el proyecto es detenido en una etapa más temprana. En el año 2008, lo vetó el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá luego de que la medida se aprobara sin mayor oposición en Senado y Cámara.  En el cuatrienio del 2013 al 2016, el P del S 680 no pasó del Comité de Conferencia, en el que la mayoría PPD pretendía que cediéramos a la mutilación total de la medida, reduciéndola a la designación de un comité que realizaría estudios. Tampoco logramos que prosperaran los proyectos radicados en el 2027, 2021 y 2025. 

El argumento siempre es el mismo: la profesión puede autorregularse.  Sin embargo, las últimas dos décadas han aportado evidencia de que esa es una aspiración con la que no comulga la práctica médica, y de que el Estado debe asumir responsabilidad.  

En la misma línea de protección de los derechos de las madres y las familias, hemos presentado el Proyecto del Senado 445, al que se ha unido la Senadora Ada Álvarez Conde, que propone la creación de una causa de acción civil especial por violencia obstétrica, una de cuyas manifestaciones son las cesáreas innecesarias. 

Un trágico ejemplo es un caso resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el que se determinó como hecho probado que a la demandante, una mujer con un embarazo perfectamente saludable, se le intentó inducir el parto prematuro y se le realizó una cesárea porque el obstetra se iba de vacaciones y no estaba dispuesto a esperar que el embarazo llegara a término.  La criatura falleció. 

A estas dos propuestas - la necesidad de transparencia en el número de cesáreas de cada obstetra y la creación de una acción específica en daños - se unen otras que pueden ponerse en marcha sin que sea indispensable acción legislativa. 

Es necesario, por ejemplo, que la educación médica transmita la importancia de respetar el parto como un proceso natural, que la comunicación entre obstetras y madres sea franca, que la profesión finalmente establezca medidas de autorregulación, y que se fomente la integración de doulas, parteras y enfermeras parteras en todo el proceso de embarazo y alumbramiento.