Descolonización:
Asamblea de Estatus como mecanismo democrático
Mecanismo para lograr
la libre determinación
Diagnóstico: EEUU ha incumplido su deber legal con la descolonización
Aunque la retórica ha cambiado, el comportamiento del gobierno de los Estados Unidos sigue violando gravemente el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación. Este derecho proviene de diversas fuentes, siendo una norma de derecho internacional aceptada globalmente y sin excepciones, ni siquiera con el consentimiento de un pueblo privado de su soberanía y sometido a un gobierno colonial. La libre determinación está reconocida en tratados internacionales como la Carta de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos, suscrito por más de 170 países.
Al haber ratificado estos tratados, Estados Unidos tiene la obligación de respetar y promover este derecho, incluyendo el de Puerto Rico. Sin embargo, han incumplido esta obligación. Es necesario exigir a Estados Unidos que promueva un proceso donde el pueblo puertorriqueño pueda elegir entre alternativas no coloniales para su futuro. Esto implica diseñar un proceso legal para disponer del territorio y renunciar a los poderes plenarios otorgados al Congreso por la constitución. Además, se debe facilitar que el pueblo tome una decisión informada sobre su futuro, con claras opciones de transición. Las definiciones de estas opciones deben surgir de un proceso de negociación que aclare aspectos importantes de las diversas alternativas descolonizadoras que puedan interesar a distintos sectores del pueblo y que sean aceptables para Estados Unidos.
Hacia la libre determinación
Patria Nueva propone legislar la convocatoria de una Asamblea Nacional de Estatus en que participarán delegados electos por el pueblo que apoyen las fórmulas de independencia, estadidad y libre asociación con el objetivo de salir finalmente la relación territorial/colonial. Las delegaciones electas a la Asamblea propondrán las opciones no territoriales. Mediante negociación con el Congreso se acordarán las definiciones y procesos de transición mutuamente aceptables de independencia, estadidad y libre asociación, que implicarán la renuncia por el Congreso a sus poderes territoriales plenarios. Luego de amplia discusión de las opciones mediante campaña educativa, el pueblo finalmente decidirá en referéndum su futuro político definitivo. En ese proceso inclusivo el PIP se compromete, como siempre, a promover la independencia de Puerto Rico.