Estas empresas no llegaron de la nada. Alguien las trajo de la mano, alguien abrió las puertas y alguien facilitó este proceso.

El gobierno adjudicó un contrato de $5,900 millones para resolver los apagones a empresas que no podían ejecutarlo, con firmas no autorizadas y un convicto federal entre los firmantes.

Las noticias cambian rápido, pero el patrón se repite con corrupción, improvisación y un gobierno más pendiente a la imagen que a resolver lo básico.

Empecemos por lo básico. Condenar una agresión militar no es “defender” a ningún gobernante. Es defender principios elementales del derecho internacional y de la vida humana. Punto.

En las dictaduras modernas no hacen falta balas ni cañones: se niega la información y se protege a los privilegiados de la casta en el poder. Vivimos en la dictadura del PNP

El PNP y sus aliados recurren a la difamación para intentar frenar un proyecto que les resulta amenazante

¿Podrá distanciarse de la política partidista durante la próxima década? Esa pregunta no solo la plantea el PIP; hoy es la duda de todo un país.