Proyecto para la seguridad energética en la Cámara y en el Senado

El proyecto de ley que conocerás a continuación fue sometido por el PIP en la Cámara y en el Senado durante la semana del 18 de agosto de 2025.

El miércoles, 20 de agosto, se presentó al país en conferencia de prensa.

El 21 de agosto se colgó en el Senado, tras ser bajado por “descargue” (un mecanismo que, en distintas administraciones, el PPD y el PNP han utilizado para impulsar o detener legislación según sus intereses).

El proyecto sigue vivo en la Cámara y nuestro llamado es a que lo lean por el bien de Puerto Rico.

Ahora sí: conoce lo que incluye el proyecto de ley para que la AEE administre sus bienes, funciones, operación diaria y contratos.

Ley para el Rescate Público del Sistema Eléctrico de Puerto Rico

• La Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico ha sido enmendada 60 veces a través de los años para ajustar gobernanza, tecnología y expansión del servicio.
  

• A la luz de los resultados negativos de la privatización, se proponen enmiendas fundamentales.
  

• Hay consenso en culminar contratos con LUMA (transmisión y distribución), Genera PR (generación), y señalar el rol de AES, EcoEléctrica y Energiza.
  

• Tras 4 años, el modelo privatizado:
  

  • No resolvió la resiliencia ante huracanes.
    

  • Fue ineficiente ante apagones.
    

  • No implantó un mantenimiento planificado (generación y T&D).
    

  • Impulsó aumentos en la factura.
    

  • Incumple la transición a renovables.
    

  • Requirió asignaciones de emergencia del NEPR (cientos de millones adicionales).
    

  • No usó eficientemente fondos federales para reconstrucción.
    

  • Estimación (Dr. José Alameda): $792M de costo social si LUMA continúa 15 años; $668/año por familia por encima de operar con AEE.
    

La situación financiera de la AEE como justificación para la privatización

• Gobiernos PPD/PNP impulsaron la privatización siguiendo esquemas neoliberales, pese a fracasos previos (AAA, salud).
  

• La quiebra de la AEE se asocia a politización, decisiones fiscales deficientes y bonos de largo plazo que la convirtieron en la corporación pública más endeudada.
  

• Con PROMESA (2016) se impone la Junta de Supervisión Fiscal para presupuestos y reestructuración de deuda (~$8,000M).
  

• Estudio Kobre & Kim (2018) halló:
  

  • Tarifas influidas por la política; tarifas insuficientes para costos.
    

  • Dependencia del BGF por falta de liquidez.
    

  • Subsidios políticos que redujeron ingresos.
    

  • Cargos de confianza y grupos políticos como lastre operativo.
    

  • Junta de Gobierno politizada (6/9 nombrados por el Gobernador).
    

  • Falta de monitoreo del uso de proceeds de bonos (diferencias de cientos de millones frente a usos reportados).
    

• Aun así, se ejecutó la privatización, con mayor costo económico y deterioro de la calidad de vida.

El retorno de la AEE a manos del sector gubernamental: imperativo

• Ante la intención de nuevos RFP para reemplazar a LUMA/Genera, la propuesta es retornar la AEE al sector público.
  

• Justificación: resultados deficientes del modelo privado y consenso técnico-jurídico-económico a favor del control público.
  

• Propósitos del proyecto de ley:
  

  • Invertir la política de privatización y devolver poder y control al pueblo.
    

  • Reorganizar la AEE al culminar la transición desde LUMA/Genera.
    

  • Reformar la Junta de Gobierno para buena gobernanza y eficiencia.
    

  • Evitar conflictos de interés en el NEPR.
    

  • Acelerar infraestructura y diversificación renovable (cumplir Ley 82-2010 y metas 20%–40%–60%–100%).
    

  • Adiestrar/readiestrar personal para la transición energética.
    

  • Detener la construcción de una nueva planta a gas natural (innecesaria con mantenimiento adecuado).
    

  • Tras la reestructuración y pensiones garantizadas, emitir deuda responsable para sostener operaciones.
    

  • No trasladar el repago total de la deuda a la tarifa (evitar niveles insostenibles).
    

  • Blindar la AEE de politiquería (mérito, contabilidad/finanzas sólidas) y eliminar la figura del “Zar de Energía”.
    

  • Vincular la AEE con proyectos comunitarios solares y colaboración con la UPR–Mayagüez (Ingeniería Eléctrica, Psicología, Economía).
    

  • Cesar el contrato con AES conforme a Ley 17-2019 (fin del carbón).
    

  • Prosumidores: terminar prácticas restrictivas, pagar justamente la energía exportada, incentivar más fotovoltaicos para reducir demanda y apagones.

La urgencia del rescate público del sistema energético

• La privatización priorizó el lucro sobre el acceso universal, afectando trabajadores, residentes y la confiabilidad del sistema.
  

• Generó oligopolio y riesgos a la soberanía energética y seguridad nacional (decisiones influidas por intereses corporativos/foráneos).
  

• 80% de la población enfrenta vulnerabilidad social moderada/alta ante desastres; urge continuidad del servicio eléctrico.
  

• El control público no es radical: hay precedentes en Europa, América Latina y EE. UU.; permite regular precios, priorizar necesidades sociales y acelerar la transición a renovables.
  

• La nueva política y acciones propuestas sientan las bases para un servicio público esencial de calidad, con decisiones técnicas, administrativas y fiscales guiadas por el interés público.

FIN

Apoya el proyecto hoy.