Proyecto 310: otro golpe al acceso a la justicia

San Juan, Puerto Rico — 14 de noviembre de 2025

La Cámara de Representantes aprobó el Proyecto 310, una medida que reduce derechos ciudadanos y limita el acceso a la justicia.

El proyecto exige que, para presentar acciones judiciales por violaciones en obras de construcción, comunidades y personas deban probar “daño inminente” de parte de los desarrolladores.

¿Qué cambia?

Hoy la ley permite que cualquier persona o comunidad afectada acuda al tribunal cuando se violan leyes o reglamentos de permisos. Con el P. 310, se desmantela la función preventiva del estatuto: obras ilegales podrían continuar mientras se obliga a la ciudadanía a demostrar un daño específico, encareciendo y retrasando la fiscalización.

“Con esta nueva medida se transgrede la función preventiva del estatuto, permitiendo que obras ilegales continúen a sus anchas, mientras deliberadamente se retrasa la fiscalización ciudadana forzando a demostrar un daño específico.”— Adriana Gutiérrez Colón, representante y abogada

¿Por qué importa?

Gutiérrez Colón advirtió que la pieza legislativa obstruye la capacidad del pueblo para fiscalizar proyectos que pueden poner en riesgo la salud, la seguridad, las comunidades y el ambiente. Añadió que la medida se suma al PS 63 —aprobado la misma noche— que limita el derecho constitucional de acceso a la información pública. La autora del P. 310 es el representante Jorge “Georgie” Navarro.

“Hasta ahora, los tribunales han interpretado que no es necesario probar daño, sino demostrar la violación. Este proyecto revierte esa interpretación en beneficio de quienes incumplen, coartando los derechos de comunidades como en Adjuntas, Guaynabo y Trujillo Alto ante operaciones ilegales de canteras que atentan contra la salud y el ambiente.”— Adriana Gutiérrez Colón

La representante Nelie Lebrón Robles también censuró la medida:

“Las comunidades que han protegido playas, ríos, áreas residenciales y terrenos públicos, de convertirse en ley este proyecto quedarán casi sin herramientas para velar por su entorno, resultado de una visión bipartidista que se alinea con los poderosos y le da la espalda al pueblo.”— Nelie Lebrón Robles, representante del PIP

¿Qué sigue?

El PIP exhorta a los grupos ambientales y a las comunidades a oponerse a la medida en el Senado y a defender el derecho ciudadano a fiscalizar, informar y prevenir daños antes de que ocurran. La democracia se sostiene con transparencia y acceso efectivo a la justicia; ambos principios están en juego.