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El PIP apuesta por la prevención de la violencia y la criminalidad

Este esfuerzo es trabajado por el representante Denis Márquez Lebrón junto a las y los legisladores del PIP Adriana Gutiérrez Colón, Nelie Lebrón Robles, María de Lourdes Santiago y Adrián González Costa.
Este esfuerzo es trabajado por el representante Denis Márquez Lebrón junto a las y los legisladores del PIP Adriana Gutiérrez Colón, Nelie Lebrón Robles, María de Lourdes Santiago y Adrián González Costa.

Esta semana pusimos en marcha una iniciativa de trabajo colaborativo para identificar prioridades, necesidades y estrategias que atiendan la violencia y la criminalidad desde la prevención y con enfoque comunitario.


¿Qué estamos haciendo?

La primera etapa incluye mesas de trabajo y reuniones con más de 25 profesionales de campos clave: psicología, trabajo social, educación, salud mental y organizaciones sin fines de lucro, entre otros. 

Este esfuerzo busca levantar evidencia, escuchar a quienes atienden el problema día a día y convertir ese conocimiento en política pública concreta.


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“El gobierno no puede seguir reaccionando a estos problemas solamente cuando ocurre una tragedia. Es esencial combatir la violencia desde la prevención. Por ello, desde nuestro espacio legislativo, como lo hemos hecho desde el cuatrienio pasado, continuaremos trabajando con personas, grupos y sectores expertos para replantearle al país nuevos enfoques, paradigmas y propuestas”, afirmó el representante Denis Márquez Lebrón.

Por qué importa

Durante décadas, las administraciones de turno han fracasado en su respuesta a un problema complejo que no se resuelve con las mismas recetas. 

El PIP propone cambiar el enfoque para transformar las estructuras sociales que alimentan la violencia: marginación económica, discrimen y prejuicio racial, desigualdad de género, fallas en salud mental y prácticas gubernamentales que generan violencia.

Hacia una política pública de prevención

Del proceso surgirán programas e iniciativas que prioricen:

  1. Prevención primaria en escuelas y comunidades.

  2. Acceso a salud mental y apoyo psicosocial oportuno.

  3. Seguridad con justicia social, centrada en derechos humanos.

  4. Coordinación interagencial y transparencia en la ejecución.

Indicadores y evaluación para medir impacto real.


FIN

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