Así gobierna el PNP en Puerto Rico

Mensaje de Juan Dalmau, 14 de diciembre 2025

Un gobierno que le teme a la información es un gobierno que se esconde. Y eso es terrible para la democracia y para quienes aspiramos a una democracia plena.

Hoy se anunció que la gobernadora firmó un proyecto que limita el acceso a la información pública, información que debe presumirse pública y accesible, no solo para la prensa, que cumple un rol esencial, sino para toda la ciudadanía.

Durante este cuatrienio y en años anteriores, muchas de las luchas para proteger el ambiente, defender comunidades y denunciar abusos han sido posibles gracias al acceso a información pública. Organizaciones de base y ciudadanos han podido alertar al país sobre decisiones que el gobierno intentó esconder. Con la firma de este proyecto, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se limita enormemente ese acceso.

Repito: un gobierno que teme a la información no gobierna, se esconde.

Este proyecto fue rechazado por una amplia diversidad de sectores: organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales, gremios de prensa, periodistas independientes, profesores de Derecho, el Colegio de Abogados y hasta organismos internacionales, que advirtieron que esta medida debilita gravemente la fiscalización democrática.

Aun así, la gobernadora decidió firmarlo.

Lo que estamos viendo es el oscurantismo como política pública, el encubrimiento como método y la corrupción como consecuencia. La falta de información abre la puerta al encubrimiento y se convierte en uno de los principales gérmenes de la corrupción gubernamental.

Con esta acción, la gobernadora le ha dado protección a los corruptos, porque la información se vuelve tan difícil de obtener que muchas veces ni nos enteraremos, o nos enteraremos demasiado tarde.

Pero el contraste es aún más escandaloso. Mientras firma un proyecto para limitar el acceso a la información, la gobernadora veta el proyecto que buscaba poner fin al privilegio de las escoltas vitalicias para exgobernadores.

Existe un largo historial de abuso de ese privilegio: escoltas usadas para asuntos personales y exgobernadores acusados o convictos por corrupción que aún gozan de ese beneficio.

La gobernadora decidió que los exgobernadores pertenecen a una casta privilegiada que merece protección de por vida, pagada con el dinero de todos.

Ese gasto representa millones de dólares que podrían redirigirse a fortalecer la seguridad pública y a apoyar a la Policía de Puerto Rico en su verdadera función: servir al país.

Ahí está el contraste. Se limita la información para impedir la fiscalización y se protegen privilegios injustificables. Se le da la espalda al pueblo mientras se protege a una élite política que se rascan las espaldas entre ellos mismos (rojos y azules), sin importar el daño que hayan causado al país.

Los mismos que hablan de dictaduras han demostrado que no hacen falta tanques ni balas. Basta con limitar la información y proteger los privilegios de unos pocos.

Eso es lo que estamos viviendo: una dictadura del oscurantismo, del encubrimiento y de la impunidad.

Esta forma de gobernar afecta a todo Puerto Rico. Protege a quienes violan la ley, impide que se investigue, debilita la fiscalización y elimina el rendimiento de cuentas. Por eso ningún exgobernador responsable de llevar al país a la quiebra ha tenido que responder ante la justicia.

A pesar de todo, no es momento de bajar la cabeza. Esto no es para desmoralizarnos, es para entender contra qué estamos luchando y seguir adelante desde nuestros respectivos espacios.

Merecemos un mejor país. Vamos a tener un mejor país. Los buenos somos más, y los días del abuso están contados. FIN