PIP denuncia intento de criminalizar el aborto: ¿qué proponen y por qué preocupa?
- Calixto Negron Aponte
- hace 1 día
- 2 Min. de lectura
La Fortaleza impulsa dos medidas —PC 1025 y PS 923— para cambiar el Artículo 92 del Código Penal y declarar que “ser humano” incluye al concebido en cualquier etapa del embarazo.
El PIP advierte que esto abre la puerta a tratar como asesinato decisiones médicas y a perseguir penalmente a mujeres y profesionales de la salud.
¿Qué propone La Fortaleza?
Los proyectos radicados por la gobernadora Jenniffer González enmiendan la definición de asesinato para incluir al nasciturus.
En la práctica, una interrupción del embarazo podría exponerse a penas de hasta 99 años, aun cuando se trate de decisiones médicas.
¿Por qué preocupa?
Las enmiendas chocan con otras disposiciones del propio Código y con el precedente Pueblo v. Duarte, que permite terminaciones por razones médicas entendidas en sentido amplio (salud física y mental).
Convertir un tema de salud pública en delito no protege derechos: los restringe, disuade la atención y empuja a abortos clandestinos e inseguros.
También expone a médicos a responsabilidad criminal y compromete la confidencialidad.
La postura del PIP
La senadora María de Lourdes Santiago denuncia un retroceso de décadas en la autonomía de las mujeres: “no le corresponde al Estado intervenir en la decisión más íntima de sus vidas”.
La representante Adriana Gutiérrez subraya que no es una medida aislada: sigue la ruta de la Ley 183-2025, y, como advirtieron 300 médicos, la visión punitiva daña la salud pública y la práctica clínica.
Lo que está en juego
Están en juego la autonomía y dignidad de las mujeres, la seguridad de pacientes y profesionales, y la coherencia legal del país. El PIP llama a detener estos proyectos y a defender una política pública basada en evidencia y derechos humanos, que garantice decisiones informadas y cuidados seguros, no cárcel.
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