La verdad detrás del fallo del Supremo sobre DACO y LUMA: ¿Realmente gana el consumidor?

El Tribunal Supremo determinó que el Negociado de Energía no puede proteger a LUMA de las reclamaciones por daños que presenten los abonados.

Aunque esto suena como una victoria para el consumidor, la realidad es que no crea ningún mecanismo rápido ni automático para compensar a las familias afectadas.

El peso del proceso continúa totalmente sobre el ciudadano.

Para reclamar daños, una persona todavía debe presentar múltiples pruebas y manejar un proceso que, aunque DACO lo describe como sencillo, no lo es para la mayoría de los hogares.

En la práctica, el consumidor tiene que:

• Demostrar qué se dañó (facturas, recibos, fotos).

• Explicar qué ocurrió en la red eléctrica (apagón, fluctuación, bajo voltaje).

• Conectar ese evento con el daño sufrido en la casa.

• Someter evidencia técnica y, en ocasiones, informes de especialistas.

• Enfrentar que LUMA puede debatir, retrasar o rechazar la reclamación, alargando el proceso por meses o incluso años.

  
  

Esto afecta con mayor fuerza a las familias de menos recursos, que no tienen acceso a peritajes ni a documentación técnica.

Y mientras todo esto ocurre, el Gobierno no ha creado un sistema de protección real ni fondos que eviten que, si LUMA incurre en gastos por reclamaciones, esos costos terminen en la factura del propio pueblo.

El fallo del Supremo aclara una pieza del rompecabezas, pero no atiende el problema principal: Puerto Rico sigue sin seguridad energética, con un contrato injusto que beneficia a la empresa y deja desprotegidos a los abonados.

El país necesita un sistema eléctrico público, confiable y basado en energía renovable para que la gente deje de cargar con las fallas de un modelo que no funciona.

FIN

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