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Juan contra la Corrupción: Sus Proyectos como Senador

Del año 2000 al 2019 hubo 631 convicciones de casos de corrupción en la corte federal. Y se han perdido alrededor de 527 millones de dólares anuales debido a la corrupción.


juan dalmau en el senado de Puerto Rico
Juan Dalmau como senador (2017-2020)

El compromiso de Juan Dalmau y el proyecto de Patria Nueva es proveerle al país un gobierno transparente y eficiente que permita comenzar una ruta de desarrollo económico que permita una mejor calidad de vida para toda la población en nuestra nación. 


Cuando Juan Dalmau fue senador (2017-2020) radicó varios proyectos de ley para atajar este cáncer que corrompe la gestión gubernamental.


El primer paso, y esencial, para reducir y detener la corrupción en el gobierno es la necesidad de total y completa transparencia en la gestión administrativa, fiscal y económica.


Por eso se radicó el Proyecto del Senado 442 que propone establecer una política pública de acceso de información. Esta ley permitiría que “… Puerto Rico se adhiere a la realidad de los tiempos y al estado actual de situación, en el contexto de la protección de los derechos humanos, utilizando como fuente de orientación los lineamientos generados por los organismos supervisores para con el cumplimiento del estado de derecho en materia de derechos humanos, de la Organización de Estados Americanos”.


Además, “propone la adopción de un mecanismo de acceso a la información bajo la custodia del estado, bajo términos procesales de manejo sencillo, que no implican la erogación de fondos públicos”. Sin acceso a la información no es posible la fiscalización.


Juan Dalmau en el senado de Puerto Rico
Juan Dalmau en el senado de Puerto Rico (2017-2020)

Un segundo paso fundamental es la transparencia del gobierno en la contratación de su empleomanía. Esto evita la mala práctica del nepotismo muy arraigado en la esfera gubernamentales.


Ante esta realidad se radicó el Proyecto del Senado 503 para crear la "Ley del Registro de Puestos de Confianza".


El fin de esta ley es “establecer que todos los departamentos, agencias, corporaciones e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, sus municipios, la Asamblea Legislativa y la Rama Judicial mantengan un registro de puestos de confianza y envíen información del nombre, la preparación académica, las labores y el salario, compensaciones y cualquier emolumento adicional; disponer que se tendrá que enviar copia de los nombramientos o contratos de confianza que se otorguen a la Oficina del Contralor de Puerto Rico; disponer que todos los departamentos, agencias, corporaciones e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico y sus municipios, tendrán la obligación de mantener un registro electrónico en sus respectivos portales cibernéticos…”. Con la accesibilidad de este registro la ciudadanía podrá fiscalizar los nombramientos y contratos otorgados por el gobierno.


Un tercer paso es la implementación de la transparencia a todos los niveles gubernamentales desde las agencias del gobierno central hasta las municipales.


Para esos fines se propuso el PS 1035 con la creación de la “Ley de Transparencia Financiera”. El propósito de esta ley es que “las agencias de gobierno, las corporaciones públicas y los municipios, establezcan un acuerdo colaborativo con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para integrarse a su plataforma de transparencia financiera”.


Este proyecto “obliga a las instituciones públicas a divulgar un panorama exacto de sus transacciones, así como a evaluar los ingresos, costos, beneficios y riesgos potenciales que pueden afectar sus metas”. Esto permitirá a la ciudadanía supervisar “dichas transacciones y exija cuentas claras por el uso de su dinero”.


Juan Dalmau junto a un grupo de jóvenes frente al Capitolio de Puerto Rico
Juan Dalmau junto a un grupo de activistas frente al Capitolio de Puerto Rico

Un cuarto elemento clave en la lucha contra la corrupción es la fiscalización efectiva de los municipios. Hemos visto en los últimos años un aumento en acusaciones de corrupción a nivel municipal.


Para esta razón se radicó la medida del PS 364  que tiene el propósito de otorgarle a la “Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1952”, las herramientas necesarias que garanticen una administración adecuada y transparencia financiera”. Esto con el “fin de fiscalizar el funcionamiento de las empresas municipales”.


Por último, y clave para superar la corrupción, es la transparencia no sólo en los contratos del gobierno a entidades privadas sino transparencia en las subcontrataciones en esos contratos gubernamentales.


Por eso se radicó el Proyecto del Senado 1227 el cual tiene como objetivo “de que todo contratista que formalice un acuerdo con el gobierno, agencias, corporaciones públicas, municipios y demás entidades públicas, inscriba y presente copia de los subcontratos que se deriven de sus obligaciones originales en la Oficina del Contralor”.


Es de fundamental importancia que todo contrato o subcontrato para proyectos gubernamentales estén disponibles para ser auditados y fiscalizados por la ciudadanía. Esta medida obliga a los contratistas a la transparencia del uso de los fondos del gobierno. Esto evitará la subcontratación de amigos del alma y del inversionismo político que tanto daño a hecho a la gestión pública.


Juan Dalmau, la Patria Nueva y la Alianza entienden el grave problema de la corrupción en nuestro país tanto a nivel del gobierno central como municipal.


FIN


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