Estas empresas no llegaron de la nada. Alguien las trajo de la mano, alguien abrió las puertas y alguien facilitó este proceso.

El gobierno adjudicó un contrato de $5,900 millones para resolver los apagones a empresas que no podían ejecutarlo, con firmas no autorizadas y un convicto federal entre los firmantes.

El PIP exige a la gobernadora que explique, con evidencia técnica y científica, cómo un proyecto de esta magnitud puede avanzar cuando el propio gobierno reconoce que el agua no alcanza.

Recopilamos 5 propuestas que el PIP ha impulsado por décadas y que el liderato del PPD y el PNP han rechazado sistemáticamente.

Hoy, casi 20 años después, seguimos pagando dos cámaras que duplican funciones y cuestan cientos de millones al año.

Estadistas, libre asociacionistas e independentistas tenemos más en común de lo que creemos: queremos un Puerto Rico próspero. La Asamblea de Estatus es el mejor mecanismo para lograrlo juntos.