Plan de Reorganización de la Rama Ejecutiva

En la primera sesión ordinaria de la XX Asamblea Legislativa, se realizará un estudio para elaborar un Plan de Reorganización de la Rama Ejecutiva, conforme al Artículo III, Sección 16 de la Constitución. Este plan se aprobará en la segunda sesión ordinaria y buscará la restructuración integral mediante la consolidación, redefinición, disolución y creación de nuevas estructuras, evitando duplicidades y mejorando la eficiencia.

Sistema de Salud

Se propone crear un Seguro Nacional de Salud (SNS) para asegurar cobertura universal en Puerto Rico. Este será administrado por la Corporación del Seguro Nacional de Salud (CSNS), que absorberá funciones de ASES, ACAA y FSE, y será supervisada por una junta participativa. Además, se creará el Fondo de Apoyo Nacional para la Salud Pública y la Atención Primaria (FANSPAP) y el Grupo de Trabajo Interagencial de Salud (GTIS).

Desarrollo Humano

Se propone la creación del Departamento de Desarrollo Humano, que integrará al Departamento de la Familia, Procuradorías de Menores y Personas Mayores, y la Oficina de Asuntos de la Juventud, para atender de manera integral las necesidades de desarrollo humano.

Cultura

Se creará el Departamento de Cultura, que consolidará entidades relacionadas al arte y la cultura, promoviendo la coordinación y el desarrollo cultural a nivel nacional.

Recreación y Deportes

El Departamento de Recreación y Deportes se convertirá en un organismo rector y asesor, transfiriendo funciones de gestión recreativa y manejo de instalaciones a los municipios.

Educación

La transformación del sistema educativo se enfocará en una educación comunitaria adaptada a las necesidades del siglo XXI. Se garantizará la autonomía universitaria y se fomentará la colaboración entre universidades públicas y privadas, además de restaurar el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Desarrollo Tecnológico y Participación Ciudadana

Implementaremos tecnologías avanzadas para mejorar servicios públicos, facilitar el acceso a la información y promover la transparencia. Fortaleceremos el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS) para optimizar la capacidad digital de las agencias gubernamentales, evitar la duplicidad operativa y cerrar la brecha digital mediante la alfabetización tecnológica de funcionarios públicos.

Reestructuraremos las agencias gubernamentales para mejorar la coordinación, simplificar procedimientos y descentralizar funciones. Además, promoveremos la participación ciudadana mediante la publicación de datos abiertos, auditorías continuas y sistemas integrados.

Crearemos un Panel de Justicia y Verdad para investigar la responsabilidad legal en la crisis económica de Puerto Rico, con capacidad de referir casos de conducta delictiva a las autoridades competentes.

Abordaremos la despoblación mediante un plan estatal enfocado en desarrollo económico, calidad de vida, retención de talento y políticas que fomenten la natalidad. Crearemos la Oficina de la Comunidad Puertorriqueña en el Exterior para fortalecer la relación entre Puerto Rico y su diáspora, eliminando la actual Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico.

Reforma constitucional: unicameralidad y representación proporcional

Se retomará la iniciativa de un sistema legislativo unicameral, junto con una propuesta que permita una representación más justa que sea proporcional en el poder legislativo. La consulta realizada en 2007 e ignorada por la administración de entonces y las subsiguientes, se convirtió en una decepcionante encuesta sin fuerza ni herramientas para cumplir con los requisitos de una enmienda constitucional, como lo había advertido el PIP entonces. A pesar de no ser oído, ni su deseo aceptado por el continuismo bicameral, el Pueblo manifestó una contundente voluntad de que el sistema legislativo sea uno unicameral y se expuso positivamente al mérito y necesidad de que la representación sea proporcional, es decir, que sea acorde con la cantidad de votos que reciben los candidatos de un partido político.

Otros cambios son urgentes, como los que se explican en torno a la participación ciudadana en los procesos legislativos.

Patria Nueva se compromete a promover e implantar una participación ciudadana de alto relieve en todas las instancias legislativas anteriores al proceso de aprobar medidas en el hemiciclo. Se procurará la evaluación de cada medida legislativa mediante los procedimientos establecidos en el Reglamento de cada cuerpo legislativo que incluye la apertura de vistas públicas y la consideración seria de las propuestas legislativas.

Se promoverá una enmienda a los artículos IV y V de la Constitución para todo aquello que no fuera enmendable mediante legislación. En el caso de los jueces, se establecerá a partir de la enmienda constitucional para nuevos nombramientos o ascensos, una carrera judicial que requerirá primeramente, un riguroso grado académico adicional al de Juris Doctor, e incorporar la carrera judicial y la del ministerio público a nuestro ordenamiento de manera que las personas seleccionadas a los respectivos cargos de jueces, fiscales y procuradores cumplan con criterios formativos superiores.

La selección de los jueces, fiscales y procuradores se efectuará bajo rigurosos procedimientos evaluativos dispuestos en la ley en torno a la competencia, el desempeño y el trasfondo jurídico de las personas aspirantes.

El Gobierno de Patria Nueva tomará en cuenta, las evaluaciones y recomendaciones que sometan el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y las facultades de Derecho en la consideración de los nombramientos de jueces, procuradores y fiscales.

Proponemos una serie de reformas municipales como parte de un enfoque más amplio para enfrentar los desafíos económicos, demográficos y de gobernanza en la isla. Estas reformas están orientadas a mejorar la eficiencia, reducir los costos operativos y optimizar la prestación de servicios a la ciudadanía.

A tales fines, proponemos la creación de regiones administrativas que permitan a los municipios colaborar entre ellos para gestionar y racionalizar los servicios municipales para que se compartan entre municipios vecinos, como una forma de reducir gastos y evitar la duplicación de funciones. Esto incluye áreas como la seguridad, salud, recogido de basura y mantenimiento de infraestructura.

De igual manera, proponemos revisar el sistema fiscal municipal para garantizar una distribución más equitativa de los recursos y para que los municipios más pequeños o con menos recursos puedan operar de manera sostenible.

Fortaleceremos la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones a nivel municipal, asegurando que las comunidades tengan voz en la planificación y ejecución de políticas locales. Modernizaremos la gestión gubernamental municipal mediante la digitalización de los servicios municipales para mejorar la eficiencia, facilitar el acceso de los ciudadanos y reducir costos operativos.

El Gobierno de Patria Nueva se propone con esta reforma municipal fortalecer la capacidad de los municipios para gestionar sus recursos de manera más eficiente, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y abordar los desafíos financieros y demográficos que enfrenta el país. Además, promoverá una administración pública más transparente y participativa, con un enfoque en la sostenibilidad y la equidad.

Participación Ciudadana en el Gobierno de Patria Nueva

El Gobierno de Patria Nueva promoverá la participación ciudadana en la identificación de necesidades, estructuración de servicios, y evaluación de operaciones gubernamentales, garantizando amplio acceso a la información.

Comités Asesores en el Gobierno

Se establecerán comités asesores en cada agencia ejecutiva, integrados por expertos y representantes de la comunidad, para mejorar servicios y evaluar su efectividad. Estos comités tendrán acceso a la información necesaria y participarán en la reglamentación y evaluación de la calidad de los servicios.

La participación comunitaria en la Asamblea Legislativa se reforzará mediante la inclusión de representantes del interés público en las comisiones legislativas, asegurando transparencia en los procesos legislativos.

En la rama judicial, un comité asesor de la Oficina de Administración de los Tribunales representará las diversas regiones judiciales, enfocándose en el acceso a la justicia y la disciplina judicial.

Las corporaciones públicas y municipios también contarán con comités asesores para colaborar en la identificación de necesidades y evaluación de servicios.

Capacitación Ciudadana

Se creará el Instituto de Capacitación para la Participación Ciudadana, adscrito a la Universidad de Puerto Rico, para formar ciudadanos y estudiantes en participación gubernamental. Este instituto desarrollará cursos y programas en coordinación con otras universidades y escuelas para mejorar la capacitación en la elaboración de planes y la evaluación de programas, facilitando la colaboración en la construcción de una sociedad mejor.

Durante varias décadas el país contó con un sistema electoral que era ejemplo para otros países; venían de otras latitudes a ver cómo funcionaba. Se basaba en el principio de que para asegurar la transparencia electoral y evitar el fraude, era necesario que todos los partidos políticos formaran parte de las estructuras de la agencia encargada, es decir, la Comisión Estatal de Elecciones. A partir del 2011, y luego en el 2020, eso ha ido cambiando mediante legislación impuesta por el PNP en complicidad con el PPD, que a pesar de que prometió revertir la legislación, ni siquiera ha aprobado medidas para así hacerlo, faltando a su promesa electoral.

Es preciso derogar el Código Electoral de 2020, para crear un ordenamiento electoral equitativo, participativo, representativo y justo para quienes participen del proceso político. Hay que extirpar del ordenamiento electoral las prácticas administrativas que permiten la exclusión arbitraria de candidatos. El monopolio partidista o el control bipartidista del aparato electoral tiene que eliminarse de la legislación electoral para regresar al cogobierno del proceso electoral en manos de todos los partidos de forma equiparada. El aparato electoral tiene que volver a operar de manera pulcra para la defensa de los derechos del pueblo, sin cabida para la mala fe y la ventajería que ha instaurado el bipartidismo en el sistema electoral.

Como ocurría durante nueve décadas en Puerto Rico, el ordenamiento electoral debe permitir las coaliciones o candidaturas coligadas.

Tomando en cuenta el criminal vínculo entre aportaciones privadas a campañas políticas y la corrupción con fondos públicos, se tiene que revisar la reglamentación del financiamiento de campañas para desterrar al inversionismo político mediante medidas como las siguientes:

Se prohibirán los donativos anónimos y los de contratistas gubernamentales.

Se dotará de recursos reales a la Oficina del Auditor Electoral con recursos y facultad para que, transcurridos treinta días de sus determinaciones finales, pueda recurrir directamente en recobro de las multas impuestas para el cumplimiento de sus órdenes de resarcimiento y devolución.

Cónsono con su prédica de décadas, de que las campañas políticas deben ser financiadas con fondos públicos, de manera igualitaria, habrá un fondo universal equitativo para la realización de campañas políticas para todos los partidos políticos. Los gastos de campaña a quienes se acojan a este fondo no podrán exceder la suma recibida del mismo.

Se creará una junta ciudadana para supervisar las actividades publicitarias de los comités de acción política con medidas precisas para la vigilancia contra campañas coordinadas de dichos comités con candidatos y partidos, y con severas penalidades por violar las normas establecidas.

Se prohibirá a los empleados públicos y contratistas que participen en la evaluación, adjudicación y pagos por contratos, participar en actividades de recaudación de fondos o de recursos para campañas políticas.

Desarrollar campañas educativas en colaboración con organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro y el Gobierno para concientizar sobre la importancia del voto y de evaluar candidatos y candidatas, que incluyan: el uso de plataformas educativas digitales sobre cómo votar y talleres interactivos y simulacros en escuelas públicas, privadas y comunidades sobre las modalidades del voto.

Promover legislación para incluir como tema transversal la educación electoral en el Departamento de Educación desde el nivel intermedio y superior, e incentivar la participación ciudadana a través de la Oficina de Educación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y la de Participación Ciudadana de la Legislatura de Puerto Rico.

A partir de enero del 2025 regirá en el gobierno el principio de máxima publicidad y de presunción de publicidad y transparencia de toda la información y documentación que sea pública. Se establecerá por ley el principio de máxima publicidad y la presunción de publicidad de todo acto, transacción, proceso o determinación gubernativa.

Existirá la obligación del gobierno de recopilar y organizar los datos, la documentación y la información para que se facilite la dilucidación y la determinación de la política pública o dirección de los programas. Este conjunto de datos no sólo es público, sino que tendrá que estar disponible en tiempo real y de manera gratuita. Toda reunión donde se adjudiquen derechos, se disponga de propiedad o recursos públicos, o se otorguen licencias y concesiones o se fijen cargas de cualquier tipo a la ciudadanía, será pública.

Aún en los procesos penales, existirá la obligación de quien reclame secretividad de informar separadamente al expediente cada tres meses, sobre los trámites seguidos. No se podrá referir un caso a investigación penal, para evadir la fiscalización pública e invocar secretividad, una vez un organismo público, especialmente ciudadano haya reclamado la información. La evasión de cumplir con la obligación de hacer pública los datos públicos y la información en tiempo real conllevará responsabilidad del funcionario/funcionaria o del ciudadano/ciudadana privado que la provocare.

No será oponible como excusa o pretexto para demorar la entrega y disponibilidad de datos en tiempo real, el hecho de que un tercero o un ente privado sea custodio de la información. Si la información es generada gracias a la subvención o autorización de parte del Estado, se convertirá en pública y accesible la información, tanto la documentación, como los datos. La secretividad del sumario investigativo en ningún caso durará más de 10 años, sin que ello limite la capacidad de seguir investigando casos que no estén prescritos.

Se presume pública y será accesible a la ciudadanía, toda información y documento gubernamental. Habrá una sola ley donde se enumeren las instancias de información y documentación que por excepción serán consideradas confidenciales, pero aún para cada una de estas se establecerá en la misma ley que las reconoce, el término o las circunstancias en que se tendrán que abrir al acceso público. Cualquier intento de declarar la confidencialidad requerirá especificar los intereses en conflicto, de no hacerlo, se presume nulo.

Revitalizar y dotar de recursos adecuados al Instituto de Estadísticas quien dará acceso a la ciudadanía de sus fuentes documentales. Se autorizará al Director o Directora del Instituto de Estadística a promover las acciones judiciales necesarias para que las agencias o entes gubernamentales cumplan estrictamente con los requerimientos de ley.

Todos padecemos los efectos de la corrupción gubernamental. Estos son producto tanto de las conductas ilegales, como de otras que pueden ser “legalizadas”, pero que son antiéticas. Ambas tienen como resultado la inequidad, la pérdida de recursos cuantiosos que deben dirigirse al bien común y no al beneficio particular, junto a la derrota de la aspiración democrática y de los derechos humanos de la ciudadanía.

La corrupción crece ante la falta de transparencia. Se nutre de la complicidad de funcionarios y funcionarias quienes como partícipes o testigos silentes consiguen que gran parte de los actos corruptos en el gobierno y en las empresas no se conozcan, pues se encubren o no se investigan. De hecho, gran parte de los actos corruptos lícitos o ilícitos permanecen en la penumbra.

Sin pretender establecer una enumeración completa, son algunas de las modalidades de la corrupción el fraude, el abuso del poder y el mal uso de los recursos del gobierno, el favoritismo en general, y el nombramiento y ascenso de empleados sin las competencias o la preparación necesaria para ocupar dichas posiciones, la ausencia de un sistema de mérito para la contratación, el otorgamiento inmeritorio de contratos a entidades privadas para proveer servicios al público y venta de bienes al gobierno, el mal manejo de los fondos y la propiedad pública, el desarrollo y ejecución de políticas públicas orientadas hacia fines individuales. Igualmente, la ineficiencia en la gestión pública, aparte del abanico de actos u omisiones corruptas que se produce debido a la ausencia de una supervisión efectiva y al uso de mecanismos tecnológicos obsoletos.

Los medios para apropiarse de los recursos públicos son tan diversos como las modalidades de la corrupción, por ejemplo, la aprobación de legislación que favorece intereses económicos de ciertos sectores, como ha sido la venta de los recursos y propiedades del país por debajo del precio y el costo real; sobornar funcionarios y funcionarias a cambio del apoyo al partido en el poder y a los intereses personales, favorecer empresarios y empresarias específicos en subastas de servicios y bienes del gobierno; crear entidades corporativas para que sean favorecidas, sin contar con experiencia o pericia, con contratos del gobierno sin contar con experiencia o pericia; aprobar autorización de obras sin haberlas examinado y sin la debida inspección, o a sabiendas de que no están bien ejecutados; favorecer personas carentes del conocimiento para ocupar puestos en el gobierno; incumplir con la legislación vigente; violar contratos vigentes; no proveer adiestramiento y preparación adecuados a los empleados y empleadas gubernamentales, permitir que se evada el pago de contribuciones, hacer uso indiscriminado de exenciones contributivas, aumentar los precios y costos de servicios, contratar asesoría política sin el peritaje necesario, con elevados salarios en diversidad de agencias y la legislatura, no procesar a quienes violentan leyes ambientales y perseguir a quienes denuncian el mal uso de fondos públicos.

De igual manera, existen más de 5000 empleados de confianza en el Gobierno de Puerto Rico. Se trata de una cantidad excesiva que conlleva un gasto extraordinario, salpicado de gestiones superfluas y de ventajería política,

Se ha estimado que la corrupción le cuesta al pueblo puertorriqueño más de 2 mil ochocientos millones de dólares (2.8 billones de dólares) anuales, es decir, aproximadamente un 10% del presupuesto consolidado de Puerto Rico. (Linda Colón Reyes, citando al economista Juan Lara).

Esto equivale a miles de millones de dólares que no se ofrecieron en servicios y beneficios al Pueblo.

De esa forma, la corrupción en el gobierno, sus funcionarios y funcionarias y sus relaciones contractuales con la empresa privada, limita las oportunidades de la gente. Además, profundiza la inequidad y la pobreza. Crea un ambiente de impunidad en el que el desvío o apropiación de los recursos y el favoritismo reducen las herramientas para proteger los derechos humanos, para atender a las personas más necesitadas y a la ciudadanía en general. (Véase además el informe Derechos Humanos y Corrupción, Comisión de Derechos Civiles, 2015)

Como la corrupción erosiona la vocación y las prácticas de la solidaridad y del altruismo, el Partido Independentista Puertorriqueño la ha denunciado y combatido desde su fundación habiéndola elevado al punto más alto en la discusión pública, gracias a sus investigaciones y denuncias de legisladores y legisladoras municipales y nacionales.

Para desarrollar una gestión gubernamental sana y atajar la corrupción gubernamental proponemos los siguientes objetivos y herramientas:

A. Medidas de prevención: educación, información, participación ciudadana

A parte de prohibiciones contractuales permanentes contra el inversionista político convicto y sus testaferros en acciones civiles independientes, es necesario atajar la impunidad con medidas confiscatorias y despojar del estatus de servidor público a quienes colaboran con acciones fraudulentas contra el erario y los recursos públicos.

1. Legislar para impedir que personas que no son empleados o que no tengan vínculos contractuales con una agencia puedan intervenir o participar de las evaluaciones y deliberaciones que la agencia realice para la otorgación de contratos y evaluación de propuestas.
   

2. Proponemos una dramática reducción del personal de confianza y claras exigencias de preparación y experiencia que excedan posiciones comparables en el mundo privado.
   

3. Prohibir la participación en actividades políticas de recaudación de fondos a todo jefe o directivo de departamento o agencia, y a toda persona que participe de la evaluación, autorización y pago de contratos.
   

4. Crear mediante ley una legitimación activa especial para promover recursos extraordinarios contra violaciones al principio de utilizar fondos y recursos públicos.
   

5. Legislar para que no prescriban las acciones civiles y administrativas para recuperar fondos o recursos públicos mal habidos, o que sean producto del inversionismo político, y para impedir el empleo o contratación de funcionarios o contratistas in cursos o convictos.
   

6. Se establecerá una compensación de lo recuperado, que no excederá del 5%, para el cooperador eficaz en un caso de delitos contra el erario, la integridad o la función pública, aun cuando sea coautor, disponiéndose que su cooperación haya tenido que ser instrumental en la convicción y recuperación o ahorro de recursos. Se adjudicará por sentencia judicial el porcentaje autorizado de compensación y su justificación.
   

7. Legislar una prohibición a ocupar cargo público electivo a quien hubiere renunciado a una posición electiva luego de resultar convicto por actos de corrupción.
   

8. Se promoverá recuperación por parte del Gobierno de todo daño provocado a consecuencia de haber realizado obras con permisos obtenidos de manera ilícita o que habiéndose obtenido de manera lícita se hubiera violentado sus términos.
   

9. Legislaremos para extender el Código de Ética de Contratistas a todas las Ramas del Gobierno para prohibir donaciones políticas de personas que tengan contratos gubernamentales.
   

10. Extender las prohibiciones a un término de 5 años para las cuales no habrá dispensa obtenidas en nuestro ordenamiento para que Jefes o Jefas de Agencia o de Gobierno no contraten con entidades con las que realizaron negocio.
    

11. Robustecer la protección de alertadores (“whistleblowers”) de casos de corrupción para que la misma sea real y efectiva y no solo un deseo consignado en las leyes.
    

12. Hacer obligatoria so pena de sanciones la constitución del Grupo Interagencial Anticorrupción, creado por ley, y asegurar la transparencia de sus procesos y desempeño.
    

13. Se propone la creación de un Observatorio Anticorrupción adscrito a la Asamblea Legislativa con la finalidad de diagnosticar esquemas, patrones, conductas, valores y factores que propician, permiten o fomentan la corrupción gubernamental y recomendar cambios a la política pública.
    

14. Se enmendará el Código Anticorrupción de Puerto Rico a los fines de hacer mandatorias las reclamaciones del Estado por el triple de las pérdidas al erario causadas por cualquier persona natural o jurídica a consecuencia de las acciones u omisiones negligentes, culposas, o ilícitas y para otros fines.

B. Medidas de control y fiscalización

Fiscal de la Ética Gubernamental

Se creará el cargo de Fiscal de la Ética Gubernamental, adscrito a la Oficina del Contralor con nombramiento de 10 años, quien tendrá a cargo el procesamiento de casos judiciales y administrativos contra funcionarios incursos, ciudadanos y terceros partícipes. Este cargo fungirá como un ente autónomo desligado de las ramas políticas y se seleccionará a base de los mecanismos y requisitos establecidos para el nombramiento de jueces y fiscales bajo la Carrera Judicial. Se autoriza el nombramiento de fiscales auxiliares de la Ética Gubernamental, y de un robusto Cuerpo de investigadores de la Ética Gubernamental, siguiendo las mismas normativas de nombramiento descritas para el Fiscal de la Ética Gubernamental.

Tipificación de delitos adicionales

Se revisarán y crearán nuevas modalidades de delitos contra la Ética Gubernamental y la función pública junto a robustos instrumentos, procedimientos y normativas para la confiscación y la imposición y de medidas punitivas por violaciones éticas y penales.

Entre otras nuevas disposiciones:

1. Se introducirán gradaciones a la tradicional negligencia en el cumplimiento del deber para que puedan tipificarse conductas punibles criminalmente que evaden la consideración grave de las violaciones éticas y del incumplimiento del deber.
   

2. Se creará una tipificación específica más severa para el delito de encubrimiento cuando involucre gradaciones de negligencia en el cumplimiento del deber y delitos que acarreen pérdidas económicas y de recursos al Estado.
   

3. Se tipificará como delito grave la omisión de informar bienes, intereses económicos o cualquier otro tipo de riqueza por parte de funcionarios públicos. Se definirá con precisión la figura del testaferro como cómplice del delito de omisión.
   

4. Se tipificará con precisión como delito el hallazgo de riqueza inexplicable de parte de un funcionario o exfuncionario público, delito que será de naturaleza grave y que acarreará la pena mandatoria de confiscación, sin perjuicio de cualesquiera otras penas aplicables.

Remedios civiles: daños económicos, patrimoniales y ambientales.

1. Se enmendarán las Reglas de Procedimiento Civi laprobará legislación para ensanchar los cauces de legitimación activa de la ciudadanía y sus organizaciones para incoar litigios en defensa de derechos o para el cumplimiento de la ley sin que sea necesario que las personas demandantes en ese caso aleguen, o demuestren haber sufrido un daños concretos particulares, y se aceptará el haber sufrido daños reales por la comunidad general. Mediante categorías especiales por asunto y una para funcionarios y funcionarias electos, se ampliará esta capacidad para demandar judicialmente o para comparecer ante foros administrativos.
   

2. Ningún contratista gubernamental por sí o a través de terceros aportará suma alguna para financiar campañas políticas o prestará servicios en especie, o valiéndose de terceros para beneficio de tales campañas. La violación de esta tajante prohibición acarreará severas penalidades económicas y disolución del ente corporativo utilizado.
   

3. Ningún jefe o subjefe de agencia participará de actividades políticas o proselitistas y de ser convicto de este delito, será destituido de su cargo por orden judicial.
   

4. Robustecer las disposiciones que imponen penas a las personas corporativas y extenderlas donde sea necesario, a los funcionarios corporativos responsables a su interior que tomen decisiones que provoquen daños ambientales y patrimoniales.